A más de dos años de que fuera publicada la reforma constitucional para crear la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción, en el entendido de que entraría en funciones en cuanto la Cámara de Senadores hiciera el nombramiento de su titular, seguimos sin esta designación clave para ir a fondo en el combate a ese flagelo que corroe a la sociedad mexicana y que, con justificada razón, es motivo de descrédito social hacia las instituciones del Estado Mexicano.
Más aún, si se toma en cuenta que, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial en su edición 2016, factores como la corrupción, el crimen y el robo, así como la burocracia, hacen que México esté entre los menos favorecidos para hacer negocios de 138 países evaluados.
Peor todavía, mientras los escandalosos hechos de corrupción siguen colocados en un primer plano en el escenario nacional: Yarrington y Duarte (ya detenidos); el Duarte chihuahuense (prófugo), Borge (Quintana Roo) y Padrés (Sonora), se llegó la fecha en que fue instalado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el 4 de abril con el triste espectáculo de la silla del Fiscal Anticorrupción vacía porque no se han logrado, en el Senado los acuerdos para nombrar al titular.
Argumentos de un lado y de otro se han estado esgrimiendo: El PRI se dice listo para nombrar de inmediato a uno de los propuestos por el Comité de Acompañamiento del SNA; pero se niega a transitar hacia una reforma constitucional que asegure la plena autonomía del fiscal respecto del procurador general de la República y que éste no sea nombrado automáticamente como Fiscal General de la República.
Los otros partidos políticos -especialmente el PRD- no sin razón, exigen garantías elementales a fin de que el combate a la corrupción sea efectivo y real, para lo cual el Fiscal Anticorrupción debe tener plena autonomía e independencia de los demás entes del poder público, especialmente respecto del Procurador General de la República.
A menos de dos semanas que le quedan al Período Ordinario de Sesiones, seguimos entrampados dando un espectáculo vergonzoso.
¿Quién debiera tener la mayor sensibilidad y, por tanto, en quién debiera recaer la mayor responsabilidad para este nombramiento antes de concluir abril? Indiscutiblemente el PRI como partido mayoritario, hoy en el gobierno.
Por más que quieran vestirse de combatientes verdaderos de la corrupción y la impunidad –como lo hemos escuchado en los recientes discursos de Peña Nieto- en los hechos siguen sin dar muestras claras de estar dispuestos a caminar en el sentido correcto para sacar a México de ese vergonzoso e indigno lugar entre los más corruptos de América Latina y del mundo.
Qué bueno que aun sin el SAN completo, sin el fiscal nombrado, la Procuraduría esté haciendo su trabajo; pero qué malo que sólo detenga a ex funcionarios y no actúe -como está definido en la Constitución- para perseguir a funcionarios señalados por la Auditoría Superior de la Federación de probables ilícitos.
Recuérdese que Javier Duarte –siendo gobernador de Veracruz- fue señalado desde inicios del año pasado por la Auditoría Superior, del desvío o mal uso de 14 mil mdp en el ejercicio 2014 y 35 mil mdp desde 2011, y la PGR así como Hacienda guardaron silencio, quizá esperando ver si ganaban las elecciones a la gubernatura.
Eso no puede ni debe seguir. Hay que agregar que el SNA, además de que cojea para ser efectivo por la falta de un titular, también está cojo porque no se ha comenzado a legislar sobre leyes secundarias y complementarias como la Ley de Adquisiciones del Sector Público; Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, tal como han señalado organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que han sido puntales en la conformación de los sistemas nacionales de Transparencia y de Anticorrupción.
