Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe
Calderón, asignó de última hora contratos multimillonarios de obra pública
cuyos montos totales –3 mil 110 millones de pesos, una buena parte gastados en
las Islas Marías– equivalen al presupuesto asignado este año a la creación de
la Gendarmería Nacional. Quien fue titular de la Secretaría de Seguridad
Pública no sólo consintió a empresarios que se despacharon en grande con el
erario, sino que los agasajó con una gran fiesta en el Museo Nacional de
Antropología e Historia.
Álvaro Delgado/ Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).-
A medio año de finalizar su encargo como secretario de Seguridad Pública del
gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna asignó multimillonarios
contratos de obras que ahora están bajo escrutinio del gobierno de Enrique Peña
Nieto.
La SSP federal de
García Luna gastó, en sólo seis meses, 3 mil 110 millones de pesos en la
construcción, ampliación y remodelación de instalaciones para la Policía
Federal: Oficinas, estacionamientos, cuarteles, hangares, celdas para presos y
hasta una aeropista en las Islas Marías.
De hecho, uno de los
mayores gastos en obra pública de la dependencia encabezada por García Luna, en
el último año de gobierno de Calderón, fue en ese complejo penitenciario del
Pacífico, al que se destinaron 683 millones 525 mil pesos para construir celdas
de segregación para presos de mediana y alta peligrosidad.
Otros 216 millones
de pesos se destinaron, además, a la ampliación y remodelación de la pista
aérea que, sumados a los 683 millones para las estancias carcelarias, suman 900
millones de pesos gastados en las Islas Marías, una información que la SSP
clasificó como “reservada” por seis años, pero cuyos documentos obtuvo Proceso.
Estos más de 3 mil
millones de pesos que gastó García Luna equivalen al presupuesto asignado este
año a la Gendarmería Nacional –el cuerpo policiaco propuesto por Peña Nieto
para combatir la delincuencia–, a lo que gastará toda la Universidad de
Guanajuato y a lo que tiene en sus cuentas bancarias la hija de Andrés Granier,
el ex gobernador de Tabasco acusado de corrupción.
Esos 3 mil millones
de pesos son mil menos de lo que costó el programa insignia de García Luna,
Plataforma México –4 mil 294 millones– y representan un tercio de los 9 mil 274
millones de pesos de presupuesto que tuvo la SSP en 2006, el último año de
gobierno de Vicente Fox, y que se multiplicó anualmente en el sexenio de
Calderón hasta llegar a los 40 mil 536 millones en 2012.
Los documentos
detallan cómo García Luna no escatimó gastos en los últimos meses del gobierno
de Felipe Calderón –de quien fue funcionario predilecto–, a tal grado que, para
cerrar el sexenio, dio una fastuosa fiesta a contratistas y proveedores,
organizada por el oficial mayor, Sergio Montaño Fernández.
GRAN PACHANGA
A la celebración,
realizada el jueves 24 de octubre en el Museo Nacional de Antropología e
Historia y cuyo costo también se mantiene en reserva, asistieron más de 200
invitados, incluidos funcionarios, legisladores y hasta el locutor Pedro Ferriz
de Con, según la lista completa que tiene el reportero.
El organizador del
festejo fue Montaño Fernández, oficial mayor durante todo el sexenio,
secretario particular de Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y cuyo hermano Carlos fue subsecretario con Ernesto
Cordero como titular de la dependencia.
Aunque estaba
prevista la presencia de García Luna en la fiesta, finalmente no asistió, pero
sí lo hicieron los subsecretarios Francisco Niembro González y Patricio Patiño
Arias, así como 10 funcionarios de la Oficialía Mayor y nueve del área de
prevención y readaptación social.
Cordero también
estaba invitado y, aunque no asistió, sí lo hizo Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y
compadre de Calderón.
En los hechos se
trató de una fiesta para los grandes grupos de constructores de los penales
federales que, a través de Contratos de Prestación de Servicios (CPS), les
serán concesionados por 22 años, un proyecto diseñado por Protego Asesores,
empresa del ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella.
Aspe estaba asimismo
invitado. Tampoco asistió. Ahí estuvieron, sin embargo, sus socios: Fernando
Aportela, Rodrigo Ibarra López y José Francisco Ramírez Mazlum.
De Prodemex, de
Olegario Vázquez Raña –dueño también del diario Excélsior–, que construye
penales en Durango y Michoacán, asistieron seis directivos, encabezados por el
director general, Antonio de Boullosa Madrazo.
Prodemex también
recibió de la SSP un contrato de 290 millones de pesos para obra en Tijuana,
incluido un hangar.
Por ICA, que edifica
penales en Guanajuato y Sonora, asistieron Quintana Kawachi, Carlos Méndez
Bueno y Mauricio Gelo Rodríguez. De Arendal, que construye un centro
penitenciario en Chiapas, asistieron Jesús y Tomás García Pons, José de Jesús
García Vázquez y Eduardo Santoyo Vázquez.
De Tradeco, que
construye el penal en Ramos Arizpe, Coahuila, estuvo presente con su director,
Federico Martínez Urmeneta, quien asistió acompañado de Fernando Beristán
Gómez, Fernando Beristán Rodríguez y Adrián Peña Ledezma.
Hipólito Gerard
Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, asistió también a la fiesta de la
SSP como director de la Constructora y Edificadora GIA, a la que se le
concesionó la construcción del penal de Oaxaca, y estuvo acompañado de sus
socios Jorge Iturbe Gutiérrez y Jorge Moguel González.
Homex, que edifica
una prisión federal femenil en Cuernavaca, Morelos, también estuvo presente a
través del presidente de su consejo de administración, Eustaquio de Nicolás
Gutiérrez, acompañado de Alfonso Fernández y Roberto Vez Carmona.
MILLONADAS A ISLAS MARÍAS
Justamente Homex es
una de las empresas que participa también en la construcción de estancias de
segregación en el centro penitenciario de las Islas Marías, donde la secretaría
encabezada por García Luna invirtió la mayor parte de los 3 mil 110 millones de
pesos en obras en los últimos meses del sexenio.
Dedicada sobre todo
a la edificación de vivienda, Homex se conectó con el gobierno para construir
centros penitenciarios, a invitación del gobierno de Calderón, reveló Eustaquio
de Nicolás, un controvertido empresario sinaloense, dueño también del equipo de
futbol Dorados de Culiacán:
“Entonces nos
dijeron: ‘Oye, ¿no nos quieres hacer una cárcel?’. Y dijimos: ‘Pues déjanos ver
quién nos puede asesorar’… Nos dimos cuenta de que con nuestros mismos moldes,
con los que construíamos las casas, podíamos construir las cárceles.”
En entrevista
publicada en el diario El Universal, en marzo del año pasado, De Nicolás
explicó que construirán cárceles –“si te fijas, filosofando, una casa y una
cárcel es una morada”–, pero también las administrarán.
“Son inversiones muy
grandes que se las vamos a rentar al gobierno, entonces les tenemos que dar de
comer y mantener, una cosa muy interesante.”
Según la
documentación que obtuvo el reportero, la mayor inversión en obra pública de la
SSP de García Luna se hizo en el centro penitenciario de las Islas Marías,
donde se destinaron 683 millones de pesos.
El objetivo:
“Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta
peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos,
equipamiento y mobiliario del complejo penitenciario Islas Marías”.
De acuerdo con el
oficio de liberación de inversión, firmado por Arturo Sosa Viderique, director
general de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social, la mayor parte de la inversión, 588 millones 449 mil
pesos, fue para ese propósito.
Otros 41 millones de
pesos se destinaron a la supervisión y control de la obra, y 53 millones de
pesos a la gerencia de proyectos.
Otros 216 millones
se invirtieron en la ampliación y remodelación de la pista aérea del Complejo
Penitenciario Islas Marías, que incluye “demolición, base, sub-base,
pavimentación, obras complementarias, instalaciones con calidad, prueba y
resistencia de materiales”.
En los varios
documentos del trámite para liberar estos recursos se puntualiza la necesidad
de que toda la información sea clasificada como “reservada”, de manera que no
sea del conocimiento público.
Así lo solicita, por
ejemplo, Sosa Viderique a la directora general de Programación, Organización y
Presupuesto, María Cecilia Hernández Galván, en el oficio firmado
SSP/SSPF/OAD/PRS/DGA, del 8 de noviembre de 2012.
“Así mismo, en los
términos de lo señalado en el artículo 13 fracciones I, IV y V de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
solicita que el oficio de liberación de inversión sea clasificado como
información reservada.”
Ese artículo, en su
fracción primera, considera que debe ser reservada toda la información cuya
difusión “pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la
defensa nacional” y también, según la fracción IV, “poner en riesgo la vida, la
seguridad o la salud de cualquier persona”.
La fracción V ordena
clasificar la información cuya difusión pueda “causar un serio perjuicio a las
actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o
persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de
las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias
procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones
no causen estado”.
Y así fue: En el
oficio de autorización de los recursos, número OM-OLI-260, Hernández Galván
pone el cerrojo a toda la información sobre el ejercicio de casi 900 millones
de recursos públicos: “Con un periodo de reserva de seis años”.
Esta clasificación
llamó la atención de funcionarios del gobierno de Peña Nieto que han comenzado
a indagar, desde diferentes instancias, la correcta aplicación tanto de esta
inversión como de los multimillonarios contratos asignados a los grupos
empresariales –incluida la fiesta que la SSP de García Luna les pagó– o
proceder contra los responsables.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición
1903 de la revista Proceso, ya en circulación.
