CONSEJO
NACIONAL DE ORGANISMOS RURALES Y PESQUEROS (CONORP)
TEMA: Reestructurar
y simplificar las leyes y reglamentos para desburocratizar y ordenar
funcionalmente al sector
Antes de hablar de
analizar el marco legal del sector agropecuario y pesquero, es preciso partir
de una condición lamentable en el país: la ley no se cumple. Se puede hablar de
muchos caso, sin embargo, es preciso hacer mención de que a poco más de 10 años
de haber sido aprobada la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ésta no se ha
aplicado a cabalidad, ni se han creado todos los sistemas que están mencionados
para propiciar el desarrollo productivo integral y sustentable del campo
mexicano, mucho menos se ha cumplido el sentido equidad y de atención
diferenciada de los productores por su tamaño y cultura que el espíritu de esa
Ley expresa.
Debemos reconocer
que un gran problema es la corrupción en la designación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas y los programas que se crean y aplican al margen de los
principios y objetivos que señala el marco legal del país. Estas prácticas cotidianas
generan un mal uso en el gasto público, propician una política de exclusión,
una cultura de mendicidad y criminalización de los ciudadanos que perpetúan las
condiciones de pobreza y atraso social, cultural y económico del sector.
Debemos reconocer
que una parte de la legislación secundaria ha sido elaborada y aplicada en
sentido contrario al espíritu integral de la Constitución, del País y los
mexicanos, y ha favorecido la creación de un Estado Nacional débil, que nos ha
conducido ha perder soberanía alimentaria, tecnológica, económica y política,
al abrir de manera ilimitada las puertas de la México a la inversión
extranjera, al entregar en concesión grandes extensiones del territorio
nacional a empresas extranjeras, que sin marco regulatorio real saquean y
depredan los recursos naturales y minerales, que explotan, discriminan y
oprimen a la población y sus trabajadores, y minimizan y corrompen con su poder
factico y financiero las instituciones de la Nación.
Debemos reconocer
que los programas públicos, reglas de operación y lineamientos de éstos, han
sido elaborados con criterios y objetivos facciosos, discriminatorios,
excluyentes, ya que no están orientados para atender las necesidades del
desarrollo general de la población, han sido elaborados para impedir el acceso
a pequeños y medianos productores del país a los subsidio, financiamientos y
programas públicos para el desarrollo económico, social y cultural. Por el contrario, y en violación al marco
jurídico nacional, se ha privilegiado el fortalecimiento de los grupos
económicos que no lo necesitan, dado sus altos ingresos económicos determinados
por la laxitud de la propia legislación económica, mercantil, financiera y
hacendaria, que ha dejado en sus manos el direccionamiento de los mercados, en
detrimento del crecimiento económico del País y del bienestar de más del 80% de la población nacional, que en los
últimos 30 años ha visto disminuir su capacidad adquisitiva en un 70%.
Por eso, todo aquello
que tenga que ver con la redefinición del marco normativo del sector rural,
deberá ser expresado con extricto apego a la soberanía de México y al ejercicio
cabal de la justicia, la equidad y al
respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por parte
de los legisladores, y deberá ser implementado con transparecia y eficiencia
por parte de los diferentes órdenes de gobierno, al igual que tendrá que ser
acompañado de manera clara, responsable y solidaria por parte de las
organizaciones campesinas.
En ese tenor proponemos la construcción de un nuevo
marco jurídico para el campo diseñado
con base en la integridad nacional, un modelo de desarrollo rural humano,
justo, incluyente, equitativo, sustentable. Un modelo de desarrollo
independiente y soberano; que fortalezca las capacidades productivas y el
desarrollo rural con bienestar de la población, con protección sustentable de
los recursos naturales y el medio ambiente.
Adicionalmente, es
urgente establecer una Fiscalía Especial, autónoma del Poder Ejecutivo, con
capacidad jurídica para castigar desvíos y actos de corrupción que se dan a la
hora de ejecutar los programas. De esta forma, se avanzaría en transparencia y
limitaría la corrupción de funcionarios, gestores y beneficiarios.
De la misma manera
urge crear una Procuraduría Federal de Protección al Productor Rural al
Consumidor, frente a los abusos de empresas productoras y comercializadoras de
insumos para la producción, empresas financieras, coyotes y comerciantes
abusivos, que sangran la economía campesina cada ciclo agrícola apropiándose
del trabajo y la utilidad de los trabajadores del campo.
Con respecto al
conjunto de leyes que hoy tenemos, Esta demostrado, que el tener tantas leyes
vinculadas al sector, hacen que se vuelvan inoperantes y que se contrapongan en
los diferentes órdenes de gobierno ya que cada instancia maneja sólo una
pequeña parte de la problemática rural y productiva del campo.
Según los datos de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), hay 18 leyes directas para el campo, 27 leyes transversales al
sector y 15 reglamentos que le norman. Esto nos da 60 normas que tienen que ver
con la parte productiva (savo la Ley de Salud que contempla SAGARPA), sin
embargo, habría que agregar todas aquellas relacionadas con el desarrollo de
los pueblos indígenas y de la población rural, en general.
Por si no bastara
con la enorme cantidad de leyes que atañen al sector, hay que agregarle sus
tecnicismos que hacen, prácticamente, incomprendible la ley para las personas
comunes del campo. Estos tecnicismo se vuelven contrarios pues logran marginar
al beneficiaro de la ley pues no logra entenderla y por ello, no ejerce sus
derechos.
En este sentido,
las modificaciones a leyes y reglamentos deben contemplar la parte productiva,
el cual debe priorizar la parte agroalimentaria sustentable pero no
circunscribirse sólo a ella; el desarrollo social; la conservación y
recuperación de los ecosistemas y el territorio; los derechos indígenas y la
gobernanza.
Esto nos lleva a
coincidir que, prácticamente, ninguna persona puede tener un margen completo de
la normatividad que implica el desarrollo rural en su más ámplio sentido. Por
ello, se debe aglutinar toda la normatividad en menos leyes que permitan
hacerlas accesibles y aplicables.
Una opción viable,
es generar leyes integrales que atienda al sector en cada una de sus vertientes
y que permitan una operación eficaz en cada uno de los órdenes de gobierno.
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Eje
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Propuesta
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Soberanía Alimentaria
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Ley del Derecho a la Alimentación
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Ley de Reserva Estratégica de
Alimentos
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Ley de Planeación para la Soberanía y
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
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Renegociación del TLCAN en su
apartado agropecuario
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Reforma y adiciones a la Ley de
Comercio Exterior
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Justicia y Equidad
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Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
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Ley de Economía Social y Solidaria
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Ley General de Sociedades
Cooperativas
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Desarrollo de la Banca Social
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Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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Ley de Desarrollo Rural Sustentable
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Derechos de la Madre Tierra
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Reglamentación de la Ley Agraria
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Artículo 27 constitucional
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Ley de Aguas Nacionales
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Ley de Cambio Climático
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Ley Federal de Variedades Vegetales
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Ley de Minería
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Ley de Pesca
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Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable
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Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente
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Ley General de Vida Silvestre
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Libertades Democráticas
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Iniciativa de Ley que considera a las
Organizaciones Campesinas como entidades de interés público
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Derechos Humanos
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Ley de Seguridad Nacional
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Que todas las políticas públicas,
leyes y reglamentaciones que emerjan del Gobierno Federal, conlleven la
promoción, difusión y respeto de los Derechos Humanos
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Asimismo, presentamos algunas propuestas más precisas
en algunos temas como:
Programa Especial Concurrente
Una de las
primeras leyes que hay que cambiar es la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, porque debido a ella, el Programa Escpecial Concurrente para
el Campo no puede ser multianual y eso impide una verdadera planeación del
desarrollo rural al no contar con los presupuestos garantizados para ejercer
una actividad productiva de mediano y largo plazo.
Consolidar el Derecho a la Alimentación
Esto es mediante
la creación de la Ley de Alimentación que cual deberá regular lo dispuesto por
el párrafo tercero del Artículo 4° de la Contitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Asimismo, agregar al segundo párrafo de la fracción XX del Artículo
27 Constitucional, para ampliar el concepto de desarrollo rural integral y alcanzar
la Soberanía Alimentaria.
Actualmente dice:
“El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo
anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto
suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”
La iniciativa propone agregar:
“originado prioritariamente en la producción nacional;
creándose adicionalmente para este efecto, un Sistema Nacional de Reservas
Alimentarías Estratégicas“.
En agua
Revisar la Ley de Aguas Nacionales ha fin de examinar
las concesiones de aguas que se han dado por la Comisión Nacional del Agua, ya
que muchas de estas concesiones que se han otorgamiento de forma discrecional,
incluso, algunas han sido violatorias de decretos de veto, lo cual ha devenido
en una disminución de los mantos acuíferos en gran parte del país, como
consecuencia de la explotación irracional por parte de grandes empresas,
industrias y explotaciones agropecuarias.
Fortalecer el control
del estado mexicano a través de sus instituciones de todos los recursos
hídricos del País, y mantener en exclusiva su administración, aprovechamiento y
el poder de otorgar y retirar concesiones de aprovechamiento de agua conforme
las necesidades y prioridades de la Nación, así como la planeación y control de
todos los centros de almacenamiento, recarga, escurrimientos y canales de
conducción del agua en el territorio nacional.
Asimismo, es necesario que haya concesiones para que
las comunidades puedan explotar el agua de manera racional para aprovechar los
recursos productivos de los que disponen y para el consumo humano.
Regular con estricto apego a derecho la entrega de
concesiones de aprovechamiento y uso de agua, para evitar la monopolización y control
en pocas manos de este vital líquido, así como la privatización de los
servicios de administración abasto en comunidades urbanas y rurales.
Financiamiento
El crédito es un derecho humano y un insumo
estratégico para la producción y el crecimiento económico, por eso es preciso
que se canalice de manera oportuna, suficiente y a precio justo, bajo una
visión de complementariedad del esfuerzo del productor. Debe contemplarse al
sector social de la producción. Ley Agraria establece, que la garantía consiste
en el usufructo de las tierras ejidales. Bajo estos criterios se ha presionado
a los núcleos agrarios para que gestionen el dominio pleno de sus parcelas, es
decir, la conversión a la propiedad privada, cambiando el sentido originario de
la razón del crédito, por la del chantaje para privatizar la tierra social.
Por lo tanto, es menester estatuir el derecho de los
pequeños y medianos productores rurales al financiamiento, para lo cual se
requiere flexibilizar los requisitos y que los diferentes niveles de
gobierno puedan fungir como avales en lo
referente a las garantías líquidas e hipotecarias.
Lo anterior, implica modificar los ordenamientos
actuales de financiamiento rural, desde la Ley del FIRA (Fideicomisos
Instituidos en Relación a la Agricultura), hasta la ley que regula a la
Financiera Nacional (antes Financiera Rural), pasando por la Ley de Ahorro y
Crédito Popular, con disposiciones de operación directa hacia las áreas
rurales.
Sustentabilidad ambiental
Las actuales políticas
sobre minería se han convertido en acciones de ecocidio y pauperización
de la calidad de vida de las comunidades rurales, al permitir la explotación a
cielo abierto y el saqueo de los recursos de la Nación. Por ello, se debe
modificar la Ley Minera y revisar todas las concesiones otorgadas a las
empresas mineras pues existen indicios de corrupción en la asignación de las
mismas.
La modificación a la Ley Minera, debe contemplar el
derecho primario de las comunidades ejidales y comunales, así como de los
propietarios privados al aprovechamiento racional de los recursos del subsuelo
de las tierras en dotación y propiedad. En correspondencia a lo anterior el
Estado mexicano debe crear políticas de financiamiento y crédito a las
comunidades, para que sean éstas las que exploten los minerales de la zona.
Por otro lado, la energía, es un insumo estratégico
para el desarrollo, tiene en el ámbito rural una repercusión de relevancia en
los costos de producción, particularmente en las áreas de riego y de mayores
grados de mecanización.
Teniendo en cuenta a la Ley de energía para el campo y
las modificaciones requeridas a la misma, es necesario impulsar el diseño de
una Ley de energías alternativas, donde las energías renovables sean las que de
manera prioritaria generen los insumos energéticos indispensables para el
desarrollo nacional, el uso del viento, las olas, el sol e incluso los
elementos orgánicos, es decir, la biomasa,
son ya una realidad, los desarrollos tecnológicos adecuados a la convivencia
amistosa con el medio ambiente, implican considerar las disposiciones vigentes
y posibles modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente (LGEEPA), a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, sin dejar de lado la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Insumos para la producción
Las semillas constituyen dentro de la cadena
alimentaria, un eslabón de carácter estratégico para garantizar la alimentación
de nuestros pueblos, el control de las mismas implica el control de la
agricultura.
Las semillas están estrechamente vinculadas a los
sistemas ecológicos, su modificación mediante genes provenientes del reino
animal, por ejemplo, y los agroquímicos que en los cultivos de transgénicos se
utilizan, particularmente los herbicidas, provocan severos daños al equilibrio
ecológico y atentan contra la biodiversidad, particularmente de variedades
originarias, que en México representa
una de sus grandes riquezas naturales y son fundamento de la vida humana,
vegetal y animal. En esta materia, los mexicanos no podemos aceptar el dominio
del interés privado de empresas monopólicas sobre el interés y derechos de vida
de la humanidad.
Las disposiciones normativas asociadas a la
sustentabilidad ambiental, con especial referencia a las semillas, que
requieren de modificaciones para proteger el medio ambiente y las especies y
razas donde el país es centro de origen, son: la Ley General de Vida Silvestre,
la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, la Ley de Productos Orgánicos y la Ley sobre
Producción, Certificación y Comercio de Semillas, mismas que deberán precisar
con objetividad el interés de la Nación en el dominio y control soberano de las
variedades alimenticias y tecnologías sustentables que garanticen futuro con
certidumbre de vida en armonía con la naturaleza a las futuras generaciones.
Recientemente las transnacionales semilleras, de
manera destacada la empresa Monsanto, han insistido mediante cabildeos
agresivos en la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, a fin de
lograr mayor grado de control sobre las semillas genéticamente modificadas que
han estado introduciendo, en relación a restricciones para uso de excedentes
para nuevas cosechas, a producción para comercialización; así como a la
imposición de sanciones estratosféricas a los infractores, con el aval del
Estado Mexicano. El caso de Argentina es emblemático, muchos productores han
perdido sus propiedades debido a los juicios enderezados contra ellos por
Monsanto, por lo tanto se requiere de asumir cambios legislativos que impidan
el uso de Organismos Genéticamente Modificados en nuestra agricultura en nuestro
país.
El poder económico de estos monopolios extranjeros no
puede estar por encima del poder del estado mexicano y del interés de Nación, y
mucho menos puede servir para poner de rodillas a los 3 poderes de la Unión
para imponer sus políticas depredadoras de la vida.
Comercialización
El almacenamiento es un factor crucial para la defensa
de los precios de los productos agrícolas, es necesario impulsar una ley en la
materia estableciendo las medidas y mecanismos necesarios para que los
productores organizados sean quienes controlen los sistemas de almacenamiento,
proveyendo los apoyos públicos requeridos para que los productores de menores
ingresos sean beneficiarios de la red, como usuarios y como accionistas o
factores de control de los almacenes rurales.
Esta Ley de Almacenamiento Rural debe garantizar la
soberanía y abasto pleno de alimentos a todos los mexicano y debe propiciar el
surgimiento en el País de una extensa red de agroindustrias procesadoras de
todo tipo de alimentos, que generen empleo local, valor agregado e ingreso real
a productores.
Ley Agraria
Debido a la existencia de miles de comunidades rurales
que sustentan su cosmovisión y su organización social y económica en el
aprovechamiento y cuidado colectivo de la tierra y sus recursos naturales y
minerales, es fundamental que se reconozca, a nivel constitucional, su derecho
a la propiedad social.
Igualmente, el Estado debe garantizar la autonomía de
las asambleas ejidales y comunales por parte de la Procuraduría Agraria, el
Registro Agrario Nacional y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, para terminar con la práctica facciosa de facilitar el despojo
campesino, como ha venido ocurriendo durante los últimos años.
Es impostergable que los Tribunales Agrarios sean
incorporados al Poder Judicial de la Federación y que se cree un Código de
Procedimientos Agrarios, ya que no es posible que la Secretaría de la Reforma
Agraria sea juez y parte en los conflictos de la tenencia de la tierra. También
es importante que tanto la Ley Agraria como la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios, deben contemplar disposiciones en materia ecológica, de tal manera
que los Tribunales tengan facultades para conocer de daños ocasionados al medio
ambiente en el ámbito rural y de sancionar a los culpables de manera severa, en
las formas convenientes, para restaurar en lo posible las condiciones
ambientales afectadas.
TLCAN
El capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio
con América del Norte (TLCAN), ha dañado severamente la economía rural del
país, particularmente debido a las grandes y crecientes asimetrías entre México
y sus socios, lo que ha dejado en enorme desventaja a los productores
mexicanos, con algunas excepciones en frutas y hortalizas, propiciando procesos
de concentración de la producción con tecnologías avanzadas en los sectores
exportadores, así como efectos regresivos en la distribución del ingreso rural,
ampliando los segmentos de pobreza en el ámbito rural.
Desde el Congreso de la Unión habrá de realizarse
esfuerzos, para renegociar los aspectos que han provocado los fenómenos
anteriores y que han disminuido los márgenes de soberanía y seguridad alimentaria
y nutricional del país y para fortalecer las capacidades productivas de
agricultores, pescadores y ganaderos mexicanos.
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es
la norma que establece los criterios para el diseño de las reglas de operación
de los programas sujetos a ellas. Es justamente esta ley, la que requiere de
modificaciones, a fin de que la ejecución de los programas de apoyo al
desarrollo rural, cumplan sus metas y objetivos
beneficiando efectivamente y de manera preferente a los productores de
menores ingresos, particularmente los ubicados en las zonas de alta y muy alta
marginalidad dedicados a cultivos de productores básicos y estratégicos.
Reestructuración de SAGARPA
Para hacer más
eficiente la ejecución de la política agropecuaria y pesquera, es preciso que
SAGARPA se reestructure. Esta modificación va desde el organigrama hasta
desprenderse de entidades que dependen de ella presupuestariamente. Asimismo,
se debe abrir a la participación de las organizaciones campesinas y de la
sociedad civil, a fin de que la política del sector sea impulsada de la forma
más amplia.
La SAGARPA debe
convertirse en una dependencia que fomente y garantice la soberanía alimentaria
de México, el crecimiento económico y
productivo del campo, pero también debe observar con precisión políticas
ambientales y sociales con integridad de largo plazo en beneficio de la
población y del País.
La SAGARPA debe
convertirse en un amigo del campesino, en un maestro del productor, en propulsor permanente del desarrollo nacional,
en fuerte soporte de la soberanía alimentaria de México.
Muchas gracias.
Ponente: JOSE SOCORRO JACOBO
FEMAT
CENTRAL DE ORGANIZACIONES
CAMPESINAS Y POPULARES (COCYP)
MIEMBRO DE:
CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS
RURALES Y PESQUEROS (CONORP)
