La
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolvió en el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano 318 de 2014, promovido por Omar Ortega
Álvarez, en su calidad de representante propietario del emblema “Alternativa
Democrática Nacional”, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante
el cual impugnó, el acuerdo número nueve de 2014 de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), la
aprobación de la lista definitiva de candidatos registrados al Consejo Estatal
Electoral en Sonora, en el cual se validó el registro de la planilla del em
El
Pleno declaró infundado los agravios, toda vez que el actor sostuvo que el
registro de la planilla “Nueva Izquierda” para el consejo estatal de Sonora,
fue solicitada por una persona que no era el representante acreditado de la
planilla (Eleodoro Pacheco Vázquez), además de que dicho ciudadano, señaló, que
no es quien encabeza la lista a consejeros estatales en Sonora.
Lo
anterior, en virtud de que en la solicitud de registro se desprende que el
primer candidato en el orden de prelación, en cumplimiento a lo establecido en
el convenio celebrado entre el INE y el PRD, se designó como representante
propietario de la planilla, a Eleodoro Pacheco Vázquez, lo cual se estimó
suficiente para acreditar la válida representación de la planilla por parte del
mencionado ciudadano.
Finalmente,
por unanimidad el Pleno de la Sala Regional Guadalajara, ordenó a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE la reimpresión de
boletas electorales para la contienda de consejerías estatales del PRD en el
Estado de Sonora, a efecto de que sea incluida la planilla de candidatos del
emblema Nueva Izquierda, y se encuentre en posibilidad de contender en la
elección interna, ello en el juicio ciudadano 328 de la presente anualidad,
En
la sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de 2014, la Sala Regional
Guadalajara resolvió 19 juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, así como siete juicios de revisión
constitucional electoral.
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