En el marco de la celebración del día del maestro es oportuno señalar
que la problemática y crisis del sistema educativo nacional es
multifactorial, y por ende, no debemos soslayar que la educación es una
necesidad pública, una responsabilidad del Estado y un derecho superior.
En concordancia con lo anterior debemos reprobar enérgicamente el
ambiente de linchamiento que algunos pretendían en contra del
magisterio, pues no es fortuito ni coincidencia que los estados donde
surge el conflicto a raíz de la reforma a los artículos 3º y 73º de
nuestra carta magna, sean precisamente aquellos que acusan un mayor
rezago social y olvido gubernamental e institucional.
Por tal es oportuno dejar en claro que debemos privilegiar el diálogo
antes que cualquier forma de enfrentamiento, ser sensibles y receptivos
ante los cuestionamientos planteados por las y los maestros, pero
también debemos fijar una posición, de manera clara y enfática.
Compartimos el diagnóstico de que los problemas de nuestro sistema
educativo lo hacen padecer inercias, rezagos e inequidades; reconocemos
que frente a estas carencias son responsables muchos actores,
instituciones y autoridades, no sólo los docentes y mucho menos la
mayoría de éstos.
Pero es un reclamo de la sociedad que esta reforma tenga como
objetivo mejorar la calidad de la educación, para garantizar el máximo
logro de aprendizaje de los educandos. Solo así, se reivindica la
escuela pública y la rectoría del estado a través de acciones dirigidas a
mejorar las condiciones de vida y trabajo de los docentes.
Desde luego que estos propósitos no se contraponen a una educación
pública, laica, gratuita y obligatoria, al respeto de los derechos
laborales de los trabajadores de la educación, ni a una evaluación del
sistema educativo.
En este orden de ideas, cuando la reforma establece la autonomía de
gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno, busca que sean
padres de familia, alumnos y directivos, a través de su participación,
quienes decidan en qué invertir los recursos destinados a
infraestructura y materiales educativos, así como resolver problemas de
operación y propiciar la participación de la comunidad escolar bajo el
liderazgo del director.
Pero además los derechos constitucionales de los trabajadores de la
educación están reconocidos de manera expresa en el decreto de reforma
constitucional. Son derechos humanos y como tales, son imprescriptibles e
inalienables. No pueden suspenderse ni conculcarse mediante
disposiciones legales o administrativas.
Con las anteriores premisas es claro que nadie puede estar en contra
de un servicio profesional docente que determine el acceso y la
promoción de los trabajadores de la educación a cargos de dirección y
supervisión, que fije criterios de mérito y de calidad de su desempeño.
La permanencia de los maestros en su puesto de trabajo ya está
normada en diferentes disposiciones; el problema es que existen
prácticas de corrupción, simulación o encubrimiento que lamentablemente
privan en el sistema educativo.
Los trabajadores que desempeñan sus funciones de manera regular y
responsable no tienen por qué sentirse amenazados por una norma que les
da certidumbre y que reconoce el empeño con que realizan sus labores, y
la legislación que el Congreso debe expedir tampoco tiene por qué
atentar contra estos derechos
Por esa razón, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa,
coordinado por un instituto constitucionalmente autónomo, no debe tener
carácter punitivo. Ya la propia Constitución establece que la evaluación
se regirá por principios de independencia, transparencia, objetividad,
pertinencia, diversidad e inclusión. La evaluación educativa debe tomar
en cuenta las necesidades locales, regionales, culturales que
contextualizan el proceso educativo y no reducirse a mediciones
estandarizadas ajenas a las particularidades en que se realice la labor
educativa.
En síntesis, la legislación que se derive de la reforma
constitucional deberá observar de manera estricta el respeto a los
derechos humanos laborales de los trabajadores de la educación, apegarse
a los principios constitucionales de gratuidad, laicidad y
obligatoriedad de la educación pública; y prever un sistema de
evaluación educativa objetiva, integral, incluyente, participativa, sin
fines punitivos y cuyo objetivo principal sea alcanzar el máximo logro
educativo de los educandos.
La reforma educativa debe fortalecer nuestras escuelas, darle
dignidad a la labor docente, hacer realidad el derecho a la educación de
calidad como un derecho fundamental, y usar la evaluación para mejorar
al sistema educativo en su conjunto.
Finalmente hago propicio este espacio para enviar mis mejores deseos a todas y todos los docentes en esta fecha especial.
Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
