FELICITAMOS A LAS Y LOS MAESTROS EN SU DIA

En el marco de la celebración del día del maestro es oportuno señalar que la problemática y crisis del sistema educativo nacional es multifactorial, y por ende, no debemos soslayar que la educación es una necesidad pública, una responsabilidad del Estado y un derecho superior.

En concordancia con lo anterior debemos reprobar enérgicamente el ambiente de linchamiento que algunos pretendían en contra del magisterio, pues no es fortuito ni coincidencia que los estados donde surge el conflicto a raíz de la reforma a los artículos 3º y 73º de nuestra carta magna, sean precisamente aquellos que acusan un mayor rezago social y olvido gubernamental e institucional.

Por tal es oportuno dejar en claro que debemos privilegiar el diálogo antes que cualquier forma de enfrentamiento, ser sensibles y receptivos ante los cuestionamientos planteados por las y los maestros, pero también debemos fijar una posición, de manera clara y enfática. Compartimos el diagnóstico de que los problemas de nuestro sistema educativo lo hacen padecer inercias, rezagos e inequidades; reconocemos que frente a estas carencias son responsables muchos actores, instituciones y autoridades, no sólo los docentes y mucho menos la mayoría de éstos.

Pero es un reclamo de la sociedad que esta reforma tenga como objetivo mejorar la calidad de la educación, para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Solo así, se reivindica la escuela pública y la rectoría del estado a través de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los docentes.

Desde luego que estos propósitos no se contraponen a una educación pública, laica, gratuita y obligatoria, al respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, ni a una evaluación del sistema educativo.

En este orden de ideas, cuando la reforma establece la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno, busca que sean padres de familia, alumnos y directivos, a través de su participación, quienes decidan en qué invertir los recursos destinados a infraestructura y materiales educativos, así como resolver problemas de operación y propiciar la participación de la comunidad escolar bajo el liderazgo del director.

Pero además los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación están reconocidos de manera expresa en el decreto de reforma constitucional. Son derechos humanos y como tales, son imprescriptibles e inalienables. No pueden suspenderse ni conculcarse mediante disposiciones legales o administrativas.

Con las anteriores premisas es claro que nadie puede estar en contra de un servicio profesional docente que determine el acceso y la promoción de los trabajadores de la educación a cargos de dirección y supervisión, que fije criterios de mérito y de calidad de su desempeño.

La permanencia de los maestros en su puesto de trabajo ya está normada en diferentes disposiciones; el problema es que existen prácticas de corrupción, simulación o encubrimiento que lamentablemente privan en el sistema educativo.

Los trabajadores que desempeñan sus funciones de manera regular y responsable no tienen por qué sentirse amenazados por una norma que les da certidumbre y que reconoce el empeño con que realizan sus labores, y la legislación que el Congreso debe expedir tampoco tiene por qué atentar contra estos derechos

Por esa razón, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por un instituto constitucionalmente autónomo, no debe tener carácter punitivo. Ya la propia Constitución establece que la evaluación se regirá por principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La evaluación educativa debe tomar en cuenta las necesidades locales, regionales, culturales que contextualizan el proceso educativo y no reducirse a mediciones estandarizadas ajenas a las particularidades en que se realice la labor educativa.

En síntesis, la legislación que se derive de la reforma constitucional deberá observar de manera estricta el respeto a los derechos humanos laborales de los trabajadores de la educación, apegarse a los principios constitucionales de  gratuidad, laicidad y obligatoriedad  de la educación pública; y prever un sistema de evaluación educativa objetiva, integral, incluyente, participativa, sin fines punitivos y cuyo objetivo principal sea alcanzar el máximo logro educativo de los educandos.

La reforma educativa debe fortalecer nuestras escuelas, darle dignidad a la labor docente, hacer realidad el derecho a la educación de calidad como un derecho fundamental, y usar la evaluación para mejorar al sistema educativo en su conjunto.

Finalmente hago propicio este espacio para enviar mis mejores deseos a todas y todos los docentes en esta fecha especial.

Miguel Alonso Raya