México, D.F., a
4 de marzo de 2014
La reforma constitucional estableció nuevos
criterios para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales, la
equidad en la contienda política y el desarrollo general de la vida
institucional de la nación. Su eficacia y debida implementación dependen de la
calidad de las leyes reglamentarias. Frente a ese reto, el PRD se pronuncia por
expedir normas que garanticen el desarrollo eficiente de un sistema nacional
electoral, haciendo efectivos los principios rectores de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; una eficaz
reglamentación del derecho ciudadano a la asociación política; así como el
respeto pleno de los principios de pluralidad y paridad de géneros en la
representación, para hacer realidad el desarrollo de elecciones libres y
auténticas.
Para todo ello, proponemos:
I. Una Ley General
Electoral para la equidad en la contienda política e imparcialidad de las
autoridades electorales que:
·
Defina un Sistema Nacional Electoral en
el que colaboren el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales locales.
·
Desarrolle el sistema de fiscalización oportuna, que
verifique en tiempo real los ingresos y gastos
de los partidos y candidatos, como elemento sustancial para la validez de las
elecciones.
·
Simplifique la conformación de coaliciones uniformes y candidaturas comunes, y evite los mecanismos
que favorezca la sub y sobre representación, para garantizar la pluralidad
política.
·
Establezca los debates públicos como forma fundamental de
las campañas políticas; prohíba la entrega de dádivas y la propaganda encubierta en cualquier medio, y regule las encuestas
para que el INE certifique que cumplen con criterios científicos y no
tendenciosos.
·
Garantice la armoniosa convivencia del sistema de
partidos políticos con las candidaturas
independientes, en aspectos como el financiamiento público y el acceso a
tiempos en radio y televisión.
·
Defina como criterio de la distritación el principio de igualdad del voto y agilice y facilite el voto de mexicanos en
el extranjero.
·
Establezca la obligación de solicitar licencia noventa
días antes de la jornada electoral a los legisladores o alcaldes que busquen
reelegirse.
II.
Una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que:
·
Dé
eficacia al derecho ciudadano de
asociación libre y personal para la participación en todos los asuntos
políticos del país y no sólo en los electorales.
·
Democratice
y transparente la vida de los partidos políticos con mecanismos de
participación efectiva de los afiliados en las decisiones y con la renovación
periódica de sus órganos de dirección.
·
Respete
y promueva los principios de paridad y
alternancia entre los géneros e inclusión social.
·
Salvaguarde
los derechos de los militantes, garantizando el acceso a órganos de justicia
pronta y expedita para la resolución de controversias internas.
·
Refuerce
el carácter de sujetos obligados directos de los partidos en materia de
transparencia.
·
Limite el financiamiento privado para impedir que el
dinero defina las elecciones.
III. Una Ley
General de Propaganda Gubernamental que garantice la austeridad, equidad y el carácter institucional de
la publicidad que emita todo órgano público, federal o local, y sanciona la
extendida práctica de la promoción personalizada de los servidores públicos,
estableciendo: un tope al presupuesto para publicidad del 0.05% del
gasto corriente de cada órgano; mecanismos para erradicar la censura
indirecta; la prohibición de toda forma de propaganda encubierta, y
la creación de un Consejo Ciudadano de Supervisión de la Propaganda
Gubernamental, en el órgano anticorrupción del Estado Mexicano.
IV. Reformas para un acceso pleno a la impartición y procuración de justicia electoral,
imparcial y eficiente, que garantice el cumplimiento de los principios
constitucionales de elecciones auténticas, libres y periódicas, sin cuya
vigencia no puede declararse válida una elección. Proponemos la creación de un departamento de lo contencioso en el
INE y establecer plazos rígidos de investigación, medidas cautelares claras y
eficaces, procedimientos eficientes y transparentes de investigación oportuna y
audiencias públicas.
En materia de
nulidades electorales, deben ser causales definitivas el rebase de topes de
gastos de campaña, la adquisición encubierta de cualquier modalidad de
propaganda, el financiamiento ilícito de cualquier naturaleza y el uso de
programas sociales con fines electorales, así como la intervención de gobiernos
de cualquier nivel en la elección, el apoyo de sindicatos u organizaciones
gremiales a partidos o candidatos, y el apoyo de las estructuras partidarias a
candidaturas independientes. Por último, proponemos que se organice la Fiscalía
Especializada en Materia de Delitos Electorales, bajo un esquema de
independencia técnica y de gestión.
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