Jesús
Ortega Martínez
En la
plenitud del régimen priista, el de “la dictadura perfecta” como la identificó
magistralmente Mario Vargas Llosa, “la ingobernabilidad” en una entidad era
entendida como expresión de inestabilidad política para el régimen y que ponía
en riesgo su hegemonía autoritaria, siempre al margen de la Constitución y las
leyes.
En el
sistema autoritario la llamada “ingobernabilidad” se “resolvía” con una
decisión del solitario del Palacio, es decir, del Presidente de la República,
la misma que trasmitía al secretario de Gobernación para que éste a su vez
ordenara al Senado la destitución de manera implacable, de un gobernador y
ello, mediante la manida fórmula de “la desaparición de poderes”.
El
secretario de Gobernación, para ejecutar la instrucción de “desaparecer
poderes”, tenía que crear en el conjunto de la sociedad la percepción de
“ingobernabilidad” y para ello contaba con un instrumento cuasi indispensable,
esto es: con los medios de comunicación que, prestos —eran soldados del PRI,
con raras excepciones—, difundían los boletines redactados en alguna oficina de
Bucareli.
Desde
luego que quien sabía cuándo había “ingobernabilidad” en una entidad federativa
o en un municipio o en un sindicato —obrero o patronal—, en una organización
social, en una universidad o en cualquier entidad, en cualquier parte del país,
era sólo y exclusivamente el Presidente —no se olvide que éste era omnisciente,
omnipresente y omnipotente—.
Por
cierto, aunque la Constitución le da al Senado la facultad de declarar acerca
de si se encuentran desaparecidos los poderes en una entidad, contrariando a la
Carta Magna el Presidente de la República y el Senado no declaraban la posible
inexistencia de los poderes, sino que éstos, sin investigación o indagación
alguna, los desaparecían.
Así era
en el sistema autoritario priista y, aunque parecía que eso ya no existía en
nuestro país, algunos nostálgicos de ese presidencialismo omnímodo, algunos
nostálgicos de las “salidas políticas”, pretenden restaurarlo, ya sea con
“ciertas modalidades”, pero con la misma esencia autoritaria.
En el
caso de Guerrero y como consecuencia de los trágicos hechos en Iguala, no pocos
medios de comunicación, algunos dirigentes del PRI y del PAN regresan al pasado
para “cortar cabezas” —en este caso la expresión es “política” y no literal,
aunque el propósito sea el mismo: eliminar a enemigos o contrincantes— para con
ello satisfacer sus objetivos que pueden situarse en una amplia gama, y que van
desde la búsqueda de ganancia electoral, de venganza política, de acrecentar
rencores sociales, de desprenderse de responsabilidades propias y algunos, con
sentimientos religiosos, de expiar culpas.
Este
comportamiento, aparte de los grados de miseria que conlleva, es claramente
inútil para resolver el problema de la violencia generalizada en el país,
completamente estéril para terminar con la inseguridad pública; es rotundamente
vano para terminar con el narcotráfico y es evidentemente ineficaz para castigar
a los responsables de las muertes y de las desapariciones en Iguala.
En
sentido diametralmente diferente lo que debería hacerse es, sin contemplaciones
de ninguna naturaleza, aplicar el Estado de derecho.
Si de las
investigaciones se desprende que Ángel Aguirre es responsable directo,
corresponsable por omisión o por acción, entonces debe aplicarse la ley y
sujetarlo a las sanciones penales o administrativas correspondientes.
Si lo son
funcionarios de la administración local, si lo es el presidente municipal, si
lo son mandos militares en la región, si lo son autoridades de la PGR,
incluyendo una posible omisión de Jesús Murillo Karam; si lo son, como es
evidente, las bandas de narcotraficantes y sus sicarios, entonces reitero, para
avanzar hacia tener un Estado de derecho debe aplicarse la ley y no “la salida
política” con el espectáculo incluido de “cortarle la cabeza a alguien, al que
sea, para que, finalmente, todo siga igual”.
¿Cuántos
altos funcionarios “renunciaron” por lo de Acteal y Aguas Blancas y cuántos de
éstos fueron procesados?
Esta fue
característica del régimen priista y sería ahora la “fuga perfecta” para que el
Estado mexicano continúe en su deterioro y los poderes fácticos —los de la
delincuencia organizada y otros— sigan imponiendo a la sociedad la violencia,
el crimen y el terror.
Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam