Amparo
Brindiz Amador
El
crimen, la inseguridad y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones,
constituye una variable compleja, que influye y es influenciada por el
comportamiento de variables sociales y económicas.
México no
ha dejado atrás la crisis de violencia que enfrenta. Aunque durante la gestión
de Felipe Calderón se vivió con más fuerza éste fenómeno –por su estrategia
contra el narco-, la cuestión sigue igual o peor.
El
problema no sólo se resuelve con el despliegue de militares, pues es más
profundo: por una parte, un aparato de justicia –ministerios públicos, policías
y jueces- sin las capacidades necesarias o inmersos en el círculo de corrupción
para hacer frente a la crisis.
La
percepción de inseguridad en la ciudadanía, es muy grande –basta ver las
últimas encuestas-. La gente teme ser víctima y ser parte de las estadísticas,
que dan muestra de la incapacidad del sistema de protegerla.
Secuestros,
homicidios dolosos, lesiones dolosas con arma blanca, extorsión, robo con y sin
violencia al transeúnte, robo con o sin violencia de vehículo, son algunos de
los principales delitos que se viven a diario en nuestro país.
Por otra
parte, se da el fenómeno que posibilita delinquir, sin ser castigado, sin que
pase nada, eso hace del crimen una actividad muy redituable.
Por lo
que los gobiernos federales, estatales y municipales -como brazo ejecutor del
Estado- deben ser capaces de responder a las demandas de seguridad; y de igual
forma, los ciudadanos deben internalizar una expectativa de castigo si deciden
romper las reglas. Es decir, es necesario hacer valer el Estado de Derecho.
La
percepción de inseguridad ha provocado un cambio drástico en el actuar
cotidiano de las personas, la gente tienen miedo, está harta, no cree en las
instituciones.
Para las
zonas más afectadas, éste fenómeno se ha traducido en graves daños en el
patrimonio de la ciudadanía. Esto es, la gente ve violentados sus derechos
humanos, su calidad de vida, su vida misma.
Asimismo,
existen condiciones muy arraigadas en muchos estados que influyen o propician
actos de violencia y por ende inseguridad, como lo es: la pobreza, la falta de
oportunidades tanto laborales como de educación, los conflictos sociales y
políticos, la intromisión del narcotráfico en los asuntos públicos y privados.
Por ello
no sólo con un buen sistema de justicia, como mencione anteriormente, se
resolverá este problema, sino que requiere una táctica integral de reingeniería
institucional; esto es, de innovación y mejora de procesos, con eficiencia,
eficacia, economía y transparencia que permitan el verdadero logro de
resultados. Así como estrategias integrales de
recuperación del tejido social y mejora de oportunidades.
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