Pablo
Gómez
¿Cómo se
va a encarar la crisis política concreta desatada con motivo de los hechos de
Iguala? Esta pregunta debe ser respondida sin titubeo y con sentido de
justicia. Quien está más obligado a hacerlo es el partido que gobierna
Guerrero, el PRD.
Los
asesinatos, lesiones y desapariciones de Iguala son hechos relacionados con la
violencia y la inseguridad que afectan al país. Pero hay elementos peculiares.
El gobierno municipal de Iguala (parece que también el de Cocula), a través de
la policía, realizó acciones ordenadas por Guerreros Unidos, grupo
delincuencial. El gobierno de la entidad no se enteró de lo que estaba pasando
y si lo hizo no actuó de ninguna manera. El gobierno federal se despreocupó a tal
grado que sus efectivos de policía y ejército se mantuvieron de espaldas al
crimen que se cometía en calles cercanas.
Hemos
visto al respecto hombros levantados, caras de sorpresa. Y algo más: se dice
que lo importante es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa
antes de analizar lo que ocurrió en Iguala desde un punto de vista político. Se
llega a decir que no hay que politizar el problema, es decir, la acción
política de las autoridades locales ni las omisiones políticas de las autoridades
de la entidad y del país. Sí, la mayor preocupación es por los estudiantes
secuestrados, pero eso no debe impedir que se analicen las responsabilidades
políticas que están a la vista.
El PRD no
debe sumarse a los hombros levantados ni salir ahora con la inicua propuesta de
que el gobierno federal investigue a los candidatos, lo cual significaría que
el partido gobernante pudiera intervenir en las postulaciones de los demás
partidos. Eso corresponde a un Estado de policía.
Es mejor
tratar de incidir en la crisis concreta abierta por los hechos de Iguala. En
Guerrero debe haber un nuevo gobernador. El gobierno de Aguirre ha perdido
interlocución con grupos muy activos que realizan acciones violentas cuyas
consecuencias podrían agravarse. Hay que reconocer que Ángel Aguirre ha perdido
autoridad moral y, en esa vía, toda autoridad política, en Guerrero y en el
país, por haber ignorado o no haber hecho caso de que en plena calle estaban
ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual lleva a la
pregunta: ¿cómo se está gobernando en Guerrero? El secretario de gobierno,
Jesús Martínez Garnelo, responde con claridad al decir que “como el presidente
municipal (de Iguala) no contestó el teléfono sino hasta la una de la mañana,
no pudo el gobierno del Estado intervenir”. Cierto que el gobierno federal tuvo
la misma omisión pero ése no es del PRD sino del PRI que, siempre lo hemos
dicho, son diferentes o debieran serlo.
Para el
PRD las cosas son aún más complicadas porque los hechos de Iguala demuestran,
una vez más, lo incorrecto de cuatro líneas de acción:
1)
Postular candidatos que tienen alguna popularidad aunque no compartan el
programa de izquierda ni una ética democrática.
2)
Mantener dentro del partido casi a cualquiera aunque su conducta sea
reiteradamente contraria al contenido programático y de línea política.
3) Dejar
que los grupos internos decidan libremente a sus candidatos, según la cuota que
les corresponda, sin que el resto del partido pueda opinar sobre la idoneidad
de los mismos.
4) Hacer
alianzas electorales pragmáticas y gobiernos de coalición con partidos y
personas que aplican una política contraria a la del PRD y no comparten
planteamientos de izquierda.
Estas
líneas incorrectas han llevado poco a poco a ese partido al descrédito, a un
déficit de autoridad moral y a un deterioro como opción democrática y popular.
Por ello,
esas cuatro líneas deben ser eliminadas total y definitivamente, sin dobleces,
sin engaños, sin entretelas, sin hipocresías.
Esta
tarde durante los trabajos del IX Consejo Nacional PRD, reconocí que en el PRD
nos dejamos convencer que lo importante era avanzar electoralmente, descuidamos
la trayectoria de nuestros candidatos y estamos obligados a corregir las
desviaciones y las omisiones de nuestro partido. Propuse además la aprobación
del siguiente resolutivo:
- El CEN acuerda impulsar una iniciativa
nacional para construir una política de estado integral que dé respuesta a la
grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.
- Exige
al Gobierno de la República intensificar la búsqueda de los jóvenes
desaparecidos, dar a conocer los resultados sobre lo ocurrido en Iguala y
fincar responsabilidades a quienes las tengan sin importar jerarquías o siglas
partidarias.
- Ordenar
al CEN que inicie una evaluación de todos sus gobiernos, de manera urgente de
los municipales en materia de seguridad pública y cuerpos policiacos, para
tomar las medidas correspondientes.
- Invitar
a personalidades de la sociedad a contribuir con el PRD en la formación de una
comisión de ética y transparencia cuyas recomendaciones serán adoptadas por las
instancias partidarias para iniciar las correcciones internas que permitan
recuperar los valores fundamentales de nuestro partido,, comprometidos con los
derechos humanos, la transparencia y la justicia.
-
Elaborar mecanismos confiables para revisar la actuación de dirigentes
partidarios nacionales, estatales y municipales, legisladores y funcionarios
públicos para garantizar que su actuación esté apegada a nuestra declaración de
principios y estatuto, y a la obligación de colocar por encima de todo, las
causas de la ciudadanía, a la que nos debemos, y de México.
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