LA "SALIDA POLITICA" O EL ESTADO DE DERECHO: HE AHÍ EL DILEMA

Jesús Ortega Martínez

En la plenitud del régimen priista, el de “la dictadura perfecta” como la identificó magistralmente Mario Vargas Llosa, “la ingobernabilidad” en una entidad era entendida como expresión de inestabilidad política para el régimen y que ponía en riesgo su hegemonía autoritaria, siempre al margen de la Constitución y las leyes.

En el sistema autoritario la llamada “ingobernabilidad” se “resolvía” con una decisión del solitario del Palacio, es decir, del Presidente de la República, la misma que trasmitía al secretario de Gobernación para que éste a su vez ordenara al Senado la destitución de manera implacable, de un gobernador y ello, mediante la manida fórmula de “la desaparición de poderes”.

El secretario de Gobernación, para ejecutar la instrucción de “desaparecer poderes”, tenía que crear en el conjunto de la sociedad la percepción de “ingobernabilidad” y para ello contaba con un instrumento cuasi indispensable, esto es: con los medios de comunicación que, prestos —eran soldados del PRI, con raras excepciones—, difundían los boletines redactados en alguna oficina de Bucareli.

Desde luego que quien sabía cuándo había “ingobernabilidad” en una entidad federativa o en un municipio o en un sindicato —obrero o patronal—, en una organización social, en una universidad o en cualquier entidad, en cualquier parte del país, era sólo y exclusivamente el Presidente —no se olvide que éste era omnisciente, omnipresente y omnipotente—.

Por cierto, aunque la Constitución le da al Senado la facultad de declarar acerca de si se encuentran desaparecidos los poderes en una entidad, contrariando a la Carta Magna el Presidente de la República y el Senado no declaraban la posible inexistencia de los poderes, sino que éstos, sin investigación o indagación alguna, los desaparecían.

Así era en el sistema autoritario priista y, aunque parecía que eso ya no existía en nuestro país, algunos nostálgicos de ese presidencialismo omnímodo, algunos nostálgicos de las “salidas políticas”, pretenden restaurarlo, ya sea con “ciertas modalidades”, pero con la misma esencia autoritaria.

En el caso de Guerrero y como consecuencia de los trágicos hechos en Iguala, no pocos medios de comunicación, algunos dirigentes del PRI y del PAN regresan al pasado para “cortar cabezas” —en este caso la expresión es “política” y no literal, aunque el propósito sea el mismo: eliminar a enemigos o contrincantes— para con ello satisfacer sus objetivos que pueden situarse en una amplia gama, y que van desde la búsqueda de ganancia electoral, de venganza política, de acrecentar rencores sociales, de desprenderse de responsabilidades propias y algunos, con sentimientos religiosos, de expiar culpas.

Este comportamiento, aparte de los grados de miseria que conlleva, es claramente inútil para resolver el problema de la violencia generalizada en el país, completamente estéril para terminar con la inseguridad pública; es rotundamente vano para terminar con el narcotráfico y es evidentemente ineficaz para castigar a los responsables de las muertes y de las desapariciones en Iguala.

En sentido diametralmente diferente lo que debería hacerse es, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, aplicar el Estado de derecho.

Si de las investigaciones se desprende que Ángel Aguirre es responsable directo, corresponsable por omisión o por acción, entonces debe aplicarse la ley y sujetarlo a las sanciones penales o administrativas correspondientes.

Si lo son funcionarios de la administración local, si lo es el presidente municipal, si lo son mandos militares en la región, si lo son autoridades de la PGR, incluyendo una posible omisión de Jesús Murillo Karam; si lo son, como es evidente, las bandas de narcotraficantes y sus sicarios, entonces reitero, para avanzar hacia tener un Estado de derecho debe aplicarse la ley y no “la salida política” con el espectáculo incluido de “cortarle la cabeza a alguien, al que sea, para que, finalmente, todo siga igual”.

¿Cuántos altos funcionarios “renunciaron” por lo de Acteal y Aguas Blancas y cuántos de éstos fueron procesados?

Esta fue característica del régimen priista y sería ahora la “fuga perfecta” para que el Estado mexicano continúe en su deterioro y los poderes fácticos —los de la delincuencia organizada y otros— sigan imponiendo a la sociedad la violencia, el crimen y el terror.

 Expresidente del PRD

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LA INSEGURIDAD, USUFRUCTO CONTRA LA CIUDADANIA

Amparo Brindiz Amador

El crimen, la inseguridad y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, constituye una variable compleja, que influye y es influenciada por el comportamiento de variables sociales y económicas.

México no ha dejado atrás la crisis de violencia que enfrenta. Aunque durante la gestión de Felipe Calderón se vivió con más fuerza éste fenómeno –por su estrategia contra el narco-, la cuestión sigue igual o peor.

El problema no sólo se resuelve con el despliegue de militares, pues es más profundo: por una parte, un aparato de justicia –ministerios públicos, policías y jueces- sin las capacidades necesarias o inmersos en el círculo de corrupción para hacer frente a la crisis.

La percepción de inseguridad en la ciudadanía, es muy grande –basta ver las últimas encuestas-. La gente teme ser víctima y ser parte de las estadísticas, que dan muestra de la incapacidad del sistema de protegerla.

Secuestros, homicidios dolosos, lesiones dolosas con arma blanca, extorsión, robo con y sin violencia al transeúnte, robo con o sin violencia de vehículo, son algunos de los principales delitos que se viven a diario en nuestro país.

Por otra parte, se da el fenómeno que posibilita delinquir, sin ser castigado, sin que pase nada, eso hace del crimen una actividad muy redituable.

Por lo que los gobiernos federales, estatales y municipales -como brazo ejecutor del Estado- deben ser capaces de responder a las demandas de seguridad; y de igual forma, los ciudadanos deben internalizar una expectativa de castigo si deciden romper las reglas. Es decir, es necesario hacer valer el Estado de Derecho.

La percepción de inseguridad ha provocado un cambio drástico en el actuar cotidiano de las personas, la gente tienen miedo, está harta, no cree en las instituciones.

Para las zonas más afectadas, éste fenómeno se ha traducido en graves daños en el patrimonio de la ciudadanía. Esto es, la gente ve violentados sus derechos humanos, su calidad de vida, su vida misma.

Asimismo, existen condiciones muy arraigadas en muchos estados que influyen o propician actos de violencia y por ende inseguridad, como lo es: la pobreza, la falta de oportunidades tanto laborales como de educación, los conflictos sociales y políticos, la intromisión del narcotráfico en los asuntos públicos y privados.

Por ello no sólo con un buen sistema de justicia, como mencione anteriormente, se resolverá este problema, sino que requiere una táctica integral de reingeniería institucional; esto es, de innovación y mejora de procesos, con eficiencia, eficacia, economía y transparencia que permitan el verdadero logro de resultados. Así como estrategias integrales de  recuperación del tejido social y mejora de oportunidades.

RECONOCE CARLOS NAVARRETE QUE SE DIO IMPORTANCIA A LOS RESULTADOS ELECTORALES, DESCUIDANDO LA TRAYECTORIA DE LOS CANDIDATOS

Reconoce Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, durante los trabajos del IX Consejo Nacional PRD, que se dejaron convencer que lo importante era avanzar electoralmente, descuidando la trayectoria de nuestros candidatos, por lo que estamos obligados a corregir las desviaciones y las omisiones de nuestro partido.

Propuse además la aprobación del siguiente resolutivo:

- El CEN acuerda impulsar una iniciativa nacional para construir una política de estado integral que dé respuesta a la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.

- Exige al Gobierno de la República intensificar la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, dar a conocer los resultados sobre lo ocurrido en Iguala y fincar responsabilidades a quienes las tengan sin importar jerarquías o siglas partidarias.

- Ordenar al CEN que inicie una evaluación de todos sus gobiernos, de manera urgente de los municipales en materia de seguridad pública y cuerpos policiacos, para tomar las medidas correspondientes.

- Invitar a personalidades de la sociedad a contribuir con el PRD en la formación de una comisión de ética y transparencia cuyas recomendaciones serán adoptadas por las instancias partidarias para iniciar las correcciones internas que permitan recuperar los valores fundamentales de nuestro partido,, comprometidos con los derechos humanos, la transparencia y la justicia.

- Elaborar mecanismos confiables para revisar la actuación de dirigentes partidarios nacionales, estatales y municipales, legisladores y funcionarios públicos para garantizar que su actuación esté apegada a nuestra declaración de principios y estatuto, y a la obligación de colocar por encima de todo, las causad de la ciudadanía, a la que nos debemos, y de México.

LA CRISIS POLÍTICA CONCRETA

Pablo Gómez

¿Cómo se va a encarar la crisis política concreta desatada con motivo de los hechos de Iguala? Esta pregunta debe ser respondida sin titubeo y con sentido de justicia. Quien está más obligado a hacerlo es el partido que gobierna Guerrero, el PRD.

Los asesinatos, lesiones y desapariciones de Iguala son hechos relacionados con la violencia y la inseguridad que afectan al país. Pero hay elementos peculiares. El gobierno municipal de Iguala (parece que también el de Cocula), a través de la policía, realizó acciones ordenadas por Guerreros Unidos, grupo delincuencial. El gobierno de la entidad no se enteró de lo que estaba pasando y si lo hizo no actuó de ninguna manera. El gobierno federal se despreocupó a tal grado que sus efectivos de policía y ejército se mantuvieron de espaldas al crimen que se cometía en calles cercanas.

Hemos visto al respecto hombros levantados, caras de sorpresa. Y algo más: se dice que lo importante es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa antes de analizar lo que ocurrió en Iguala desde un punto de vista político. Se llega a decir que no hay que politizar el problema, es decir, la acción política de las autoridades locales ni las omisiones políticas de las autoridades de la entidad y del país. Sí, la mayor preocupación es por los estudiantes secuestrados, pero eso no debe impedir que se analicen las responsabilidades políticas que están a la vista.

El PRD no debe sumarse a los hombros levantados ni salir ahora con la inicua propuesta de que el gobierno federal investigue a los candidatos, lo cual significaría que el partido gobernante pudiera intervenir en las postulaciones de los demás partidos. Eso corresponde a un Estado de policía.

Es mejor tratar de incidir en la crisis concreta abierta por los hechos de Iguala. En Guerrero debe haber un nuevo gobernador. El gobierno de Aguirre ha perdido interlocución con grupos muy activos que realizan acciones violentas cuyas consecuencias podrían agravarse. Hay que reconocer que Ángel Aguirre ha perdido autoridad moral y, en esa vía, toda autoridad política, en Guerrero y en el país, por haber ignorado o no haber hecho caso de que en plena calle estaban ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual lleva a la pregunta: ¿cómo se está gobernando en Guerrero? El secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, responde con claridad al decir que “como el presidente municipal (de Iguala) no contestó el teléfono sino hasta la una de la mañana, no pudo el gobierno del Estado intervenir”. Cierto que el gobierno federal tuvo la misma omisión pero ése no es del PRD sino del PRI que, siempre lo hemos dicho, son diferentes o debieran serlo.

Para el PRD las cosas son aún más complicadas porque los hechos de Iguala demuestran, una vez más, lo incorrecto de cuatro líneas de acción:

1) Postular candidatos que tienen alguna popularidad aunque no compartan el programa de izquierda ni una ética democrática.

2) Mantener dentro del partido casi a cualquiera aunque su conducta sea reiteradamente contraria al contenido programático y de línea política.

3) Dejar que los grupos internos decidan libremente a sus candidatos, según la cuota que les corresponda, sin que el resto del partido pueda opinar sobre la idoneidad de los mismos.

4) Hacer alianzas electorales pragmáticas y gobiernos de coalición con partidos y personas que aplican una política contraria a la del PRD y no comparten planteamientos de izquierda.

Estas líneas incorrectas han llevado poco a poco a ese partido al descrédito, a un déficit de autoridad moral y a un deterioro como opción democrática y popular.

Por ello, esas cuatro líneas deben ser eliminadas total y definitivamente, sin dobleces, sin engaños, sin entretelas, sin hipocresías.

Esta tarde durante los trabajos del IX Consejo Nacional PRD, reconocí que en el PRD nos dejamos convencer que lo importante era avanzar electoralmente, descuidamos la trayectoria de nuestros candidatos y estamos obligados a corregir las desviaciones y las omisiones de nuestro partido. Propuse además la aprobación del siguiente resolutivo:

 - El CEN acuerda impulsar una iniciativa nacional para construir una política de estado integral que dé respuesta a la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.

- Exige al Gobierno de la República intensificar la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, dar a conocer los resultados sobre lo ocurrido en Iguala y fincar responsabilidades a quienes las tengan sin importar jerarquías o siglas partidarias.

- Ordenar al CEN que inicie una evaluación de todos sus gobiernos, de manera urgente de los municipales en materia de seguridad pública y cuerpos policiacos, para tomar las medidas correspondientes.

- Invitar a personalidades de la sociedad a contribuir con el PRD en la formación de una comisión de ética y transparencia cuyas recomendaciones serán adoptadas por las instancias partidarias para iniciar las correcciones internas que permitan recuperar los valores fundamentales de nuestro partido,, comprometidos con los derechos humanos, la transparencia y la justicia.

- Elaborar mecanismos confiables para revisar la actuación de dirigentes partidarios nacionales, estatales y municipales, legisladores y funcionarios públicos para garantizar que su actuación esté apegada a nuestra declaración de principios y estatuto, y a la obligación de colocar por encima de todo, las causas de la ciudadanía, a la que nos debemos, y de México.

¡DE NEGRO, EL MÉXICO VESTIDO SIEMPRE DE NEGRO!

Hannah Arendt en su ensayo: Visita en Alemania. Las consecuencias del régimen nazi, escribe que “comprobó una curiosa indiferencia en la población de ese país”.

Europa estaba cubierta por una sombra de profundo dolor causada por los campos de concentración y de exterminio alemanes. Pero en ningún otro sitio se silenciaba tanto esta pesadilla de destrucción y espanto como en Alemania.

“La indiferencia con la que los alemanes se mueven por entre las ruinas tiene su correspondencia en que nadie llora a los muertos”.

La huida de la responsabilidad y la búsqueda de culpas en las potencias de ocupación están muy extendidas. “El alemán medio busca las causas de la última guerra no en las acciones del régimen nazi, sino en las circunstancias que condujeron a la expulsión de Adán y Eva del Paraíso”.

Opiniones tan contundentes como ésta ocasionaron, más que críticas, ataques a la célebre autora de Los orígenes del totalitarismo, por señalar que los crímenes de lesa humanidad que llevó a cabo el régimen nazi pudieron ser posibles, entre otras causas, por la indiferencia con que los observaban amplios sectores de la población alemana.

Cito a Arendt porque ante eventos tan abominables como los de Iguala hay en algunas personas, lo mismo entre ciertos analistas y especialmente entre algunos políticos canallas, el comportamiento de reaccionar con instinto animal, irracional, bárbaro, de “ver colgando del palo mayor” a los que creen que son los culpables, antes que —como dice la propia Arendt— de “llorar a los muertos”.

Este comportamiento atroz, es también una forma de aquella indiferencia que, en las ruinas que dejaba la guerra y el nazismo, sorprendía a la gran escritora alemana.

Las campanas están doblando por las personas asesinadas en Iguala pero sobre todo, están doblando por el país entero. La tragedia sucedida ahora en Iguala enluta a todo el país, pero pareciera que no nos hemos dado cuenta que nuestra patria desde hace lustros, cotidianamente viste de luto, tal y como lo escribió Federico García Lorca:

“De negro va la señora siempre vestida de negro y no es por su marido que hace rato que se ha muerto. Lleva luto por la patria que ella ha ido pariendo, destruyendo con su ira lo que otros erigieron.”

¡DE NEGRO, EL MÉXICO VESTIDO SIEMPRE DE NEGRO!

Hay que reafirmar, desde luego, que la ley debe aplicarse y deben ser castigados los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos en Iguala, que debe sancionarse a los funcionarios públicos del municipio de Iguala y del estado de Guerrero como a todos aquellos del ámbito local y federal que por acción u omisión son corresponsables, y ello hacerse al margen de banderías políticas o partidarias. La justicia debe hacerse presente en este terrible acontecimiento, pero no debemos perder de vista el evitar caer en la “banalidad del mal” que localizaba Hannah Arendt; no acostumbrarnos a la trágica cotidianidad de la violencia y menos aun a la fatalidad o indiferencia ante esa violencia cotidiana que sangra al país y que degrada al conjunto de la sociedad.

Lejos estoy de generalizar para dejar de especificar. Lo de Iguala es espantoso, pero junto a la obligada justicia ante los asesinatos en este municipio de Guerrero, el Estado nacional debe encontrar una respuesta a la crisis estructural que padece en materia de seguridad y que amenaza con desmoronarlo, disolverlo. Es Iguala, Tlatlaya, San Fernando, Durango, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Zacatecas, es todo el país.

La justicia debe ser específica en Iguala, pero la solución a la violencia generalizada que desangra al país debe ser de carácter estructural, debe de ser una respuesta de Estado y encontrarla es responsabilidad de los poderes federales, estatales, municipales y del conjunto de la sociedad.

http://ortegajesus.blogspot.com/

Twitter: @jesusortegam

IGUALA Y LA CRISIS DE SEGURIDAD

Jesús Zambrano

El abominable crimen contra normalistas y miembros de un equipo de fútbol en Iguala, Guerrero, (7 asesinados y 43 desaparecidos muy probablemente ya muertos) ha conmocionado al país entero. A todos nos enluta e indigna, y cubre de oprobio a quienes ordenaron y ejecutaron estos hechos.

Al mismo tiempo, con ello se evidencia, una vez más, la crisis de seguridad del Estado mexicano. Iguala es la punta del iceberg de la penetración profunda que el crimen organizado en todos los intersticios de la sociedad mexicana, en regiones enteras de nuestro país, corrompiendo autoridades, comprando policías y jueces.

En el sexenio calderonista se declaró una ¨guerra¨ contra la delincuencia organizada, pero resultó una estrategia fallida. Con el gobierno del PRI de Peña Nieto las informaciones periodísticas al respecto pasaron a un segundo plano. Por orden presidencial y por un acuerdo con los medios se anunció un cambio de estrategia, ¿el resultado? El fenómeno persiste con signos de agravamiento porque no ha habido ese cambio.

La crisis en Michoacán con las llamadas autodefensas y que llevaron a la destitución de Fausto Vallejo, quien llegó al gobierno apoyado por La Tuta, aún se mantiene. Los muertos de Tlataya ejecutados por el Ejército y la violencia en Valle de Bravo y la Tierra Caliente mexiquense, las fosas comunes y el asesinato de un diputado federal en Jalisco, la renaciente violencia en Tamaulipas, y ahora Iguala, son ilustrativos de lo amplio y profundo de la enfermedad.

¿Qué hacer? Lo primero es reconocer la existencia y dimensión del problema. Lo segundo es asumir que este problema debemos abordarlo como un asunto de responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto. Es, ciertamente, responsabilidad principal del Presidente de la República, pero no sólo de él, menos en un México plural, con gobiernos estatales y municipales de varios partidos. Los gobiernos en todos los niveles y las clases políticas, junto con el sector empresarial, incluidos los medios, y la sociedad organizada, deberíamos asumir la necesidad de un gran acuerdo nacional por la seguridad, que ponga sobre la mesa la situación real de la economía, del empleo, de los salarios, de la penetración de los gobiernos locales por la delincuencia, de la contaminación de los cuerpos policiacos, del lavado de dinero, y de las estrategias para enfrentar el fenómeno, con el compromiso de que cada quien responderá por sus responsabilidades y que se parta de investigar a fondo a todos los gobernantes: caiga quien caiga.

Porque la salida de esta crisis de seguridad nacional no se resuelve con la salida de Ángel Aguirre o de Eruviel Ávila o de cualquier otro gobernador. Quienes insisten en ello se equivocan y sólo evidencian mezquinos apetitos político-electorales o mera relevancia mediática mercantilista.

Yo suscribo lo que ha dicho Carlos Navarrete como nuevo presidente del PRD: si la salida de Aguirre del gobierno de Guerrero contribuye a la solución, adelante. Es más, pudiera ser un referéndum el que decida si Aguirre se va o se queda, pero su posible salida no debe responder a los apetitos electorales de nadie rumbo a 2015. Cualquiera que fuera el resultado, debe darse con los responsables y castigarlos pronto.

No esperemos más. No permitamos que el país se siga enlutando ni que continúen pudriéndose las instituciones y con ello el país entero. México está maduro para decisiones urgentes y de fondo.

Publicadas por Nueva Izquierda a la/s 16:51 

NIEGA ZAMBRANO QUE PADIERNA HAYA ADVERTIDO SOBRE ILÍCITOS DE ABARCA

En un intento por desmarcarse de José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, el ex presidente nacional del PRD Jesús Zambrano señaló que la senadora Dolores Padierna miente cuando dice que le informó sobre las actividades ilícitas del empresario y que él no hizo nada, como sugiriendo que lo estaba protegiendo.

Sin embargo, reconoció que cuando se discutía la postulación de Abarca a la presidencia municipal de Iguala, en 2011 solicitó a Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación, información sobre posibles vínculos del empresario con la delincuencia organizada, y le informó que no los tenía.

No obstante que el alcalde con licencia se dio a la fuga el 30 de septiembre, por su presunta responsabilidad en el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, Nueva Izquierda mantiene como consejera municipal a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a quien se señala como el vínculo con el cártel de los Beltrán Leyva, denunciaron dirigentes de Izquierda Democrática Nacional.

En la lista definitiva de consejeros Pineda Villa aparece postulada por Nueva Izquierda-Coduc. La propia esposa de Abarca anunció en Facebook que triunfó en las elecciones internas del PRD, el 7 de septiembre pasado.

Por otro lado, Unidad Democrática Nacional UDN, grupo perredista que encabeza José Narro, acusó que la corriente hegemónica del PRD, en referencia a Nueva Izquierda NI, ha permitido que el crimen organizado permee las estructuras partidistas y que integrantes de la delincuencia se conviertan en candidatos de nuestro partido.

Aseguró que no basta con que el presidente del partido, Carlos Navarrete, pida disculpas, porque ¿quién tomó la decisión de postular la candidatura por el PRD del hoy presidente municipal con licencia?, ¿quién ignoró la historia de éste con el crimen organizado?, preguntó.

Zambrano, por su parte, aseguró: Yo no protejo a delincuentes ni he aceptado jamás recurso alguno proveniente de actividades ilícitas.

Señaló que es una ruindad de Padierna acusarlo de que no adoptó las medidas correspondientes acerca de Abarca, a quien -recordó- exigió solicitar licencia al cargo y quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Que se haya fugado después de esa licencia ya no fue, ni es, responsabilidad mía, subrayó.