ARMANDO RÍOS PITER
El pasado proceso electoral, que se llevo a cabo el
7 de Julio, en el cual en 14 entidades federativas renovaron congresos locales,
presidencias municipales así como la gubernatura de Baja California, dejó muy
claro que el contexto político actual presenta enormes retos si es que
verdaderamente se busca consolidar el régimen democrático en nuestra república.
El proceso electoral exhibió enraizadas y nocivas
prácticas. La compra de votos, la coacción a contendientes a través de la
fuerza pública y el uso indiscriminado de recursos públicos para publicidad con
el fin de sesgar la voluntad ciudadana son solo ejemplos de hechos que definen
el debilitamiento progresivo de la convivencia democrática en el país.
Durante los pasados tres meses tuvimos conocimiento
de diversas irregularidades. En Veracruz salieron a la luz grabaciones que
implicaban la presencia de altos funcionarios del gobierno estatal y delegados
federales que buscaban utilizar los padrones de beneficiarios de programas sociales
a favor de sus candidatos. Desde Sinaloa hasta Oaxaca, la presencia de
amenazas, la desaparición de actores políticos, los atentados con armas de
fuego a candidatos, a sus equipos de campaña e incluso a sus familiares, dieron
nota en distintos partes del territorio nacional.
Estos terribles hechos dejan evidencia contundente
de que -cada vez más- se vuelve una costumbre perniciosa escuchar
descalificaciones con respecto a los procesos electorales. En lugar de ser alarmante,
pareciera que los oídos de la sociedad se acostumbran a escuchar sobre la
compra y coacción del voto, sobre violencia e, incluso, de penetración del
crimen organizado en los procesos electorales de México.
Las elecciones recientes vuelven a dejar clara la
necesidad de reconstruir el capital social que fundamenta la relación entre
ciudadanos y representantes políticos. Hoy la viabilidad de la nación depende
principalmente de recuperar la confianza ante la sociedad.
Frente a esta situación resulta claro que si no se
cambia de fondo el marco político actual, ante la incapacidad de desarrollar
procesos electorales civilizados, los fantasmas de la anarquía o el
autoritarismo asomarán cada vez más su rostro en nuestro país.
Por ello, no podemos pensar que con una simple
reforma electoral se puede arreglar el panorama actual. Si bien es
indispensable regular el uso del dinero público, así como garantizar sanciones
contundentes a quienes rebasen los topes de campaña, y aquellos que mediante el
uso de recursos materiales o financieros busquen sesgar la voluntad ciudadana,
o la nulidad de la elección cuando quede comprobado el pago de la publicidad
gubernamental para beneficiar a algún aspirante, hay más por hacer.
Sin duda es necesario realizar cambios en la legislación,
pero no podemos pensar que, en esta
ocasión, quedarnos con estas medidas sea suficiente.
Antes la crisis recurrente que viven los procesos
electorales, y especialmente de cara a las recientes calificaciones que los
ciudadanos dan a los políticos en nuestro país – Transparencia Internacional,
en su barómetro global de corrupción, califica a México entre los tres países
con partidos más corruptos- es necesario hacer modificaciones políticas de
fondo.
Hoy lo que nuestro país es que todos los
liderazgos, de la mano de la sociedad, construyan nuevos pilares para el modelo
democrático que requiere la nación. No debemos pensar exclusivamente en una
reforma electoral, que solo sea para atender como se llega al poder. Lo que hoy
resulta impostergable es la construcción de un entorno político renovado para
garantizar el buen funcionamiento del poder a favor de los ciudadanos.
Por ello, antes que continuar con la dinámica
preestablecida en la agenda del Pacto por México, vale la pena hacer un alto en
el camino y enfocarnos a una reforma política de fondo, que profundice en los
mecanismos de acceso a información y transparencia, de combate a la corrupción,
de garantizar la reelección de legisladores, de configurar mecanismos que
permitan la segunda vuelta electoral, los gobiernos de coalición y la
democracia participativa.
Si queremos consolidar la democracia, como
plataforma básica para el despegue económico y social de México, debemos
enfocarnos primero a la transformación política de fondo que requiere el país.
Primero la reforma política, para que lo demás salga
bien.
SENADOR DEL PRD
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