Jacqueline Peschard
En contra de las dudas razonables
por la novedad del experimento y por los muy estrechos plazos para realizarlas,
las elecciones internas del PRD del 7 de septiembre, que por primera vez fueron
organizadas por el INE, cumplieron su cometido. Participaron cerca de 2
millones de militantes, previamente registrados y validados; se instalaron 8238
casillas -más de 99% de las aprobadas- y
los incidentes fueron menores.
De acuerdo con el calendario
establecido, en el curso de esta semana, las Juntas Ejecutivas del INE habrán
de dar a conocer los resultados de los cómputos locales y total, y con ello
habrá concluido su responsabilidad en el proceso.
Las elecciones internas de un partido,
abiertas al voto universal de sus militantes, son procedimientos reconocidos
como democráticos, que legitiman la renovación de los cuadros directivos, gracias
a que permiten la participación de las bases partidarias y a que existe
competencia entre aspirantes.
Dado que los partidos son
organizaciones de ciudadanos para el ejercicio de los derechos de asociación y
participación políticas, no es común que se celebre la intervención de una
autoridad estatal en su vida interna. Sin embargo, las experiencias pasadas de
elecciones abiertas en el PRD resultaron fuertemente cuestionadas por las
corrientes perdedoras, e incluso en una ocasión impidieron que se reconociera a
los ganadores. Ello explica que se halla incorporado a la reforma político-electoral
de este año de que un partido político solicitara al INE la organización de su elección
interna, con cargo a sus prerrogativas.
Estoy convencida de que los
buenos resultados de este proceso se deben en primer lugar a la experiencia que
tiene la autoridad electoral en la organización de comicios bien regulados y
transparentes en cada uno de sus eslabones. Las rutinas institucionales que
desarrolló el IFE en 23 años y que se trasladaron al INE, permitieron que en un
plazo de escasos cuatro meses se realizaran todas las fases del proceso, desde
la emisión de lineamientos para regular elecciones internas, pasando por la
firma de un convenio con el PRD para fijar calendarios y compromisos de cada parte
y desde luego, para colocar las casillas
y realizar la insaculación de los militantes que recibirían y contarían los
votos. Todas estas tareas tenían fechas límite para su realización a fin de dar
certeza a todos los candidatos y participantes.
Asumiendo su papel de autoridad,
el INE estableció límites y condiciones para garantizar la integridad de la
elección y ello implicó que fijara el principio de definitividad de cada etapa
del proceso. Ello significa que una vez concluida una etapa, con su fase para
revisar y subsanar posibles errores, no se permite impugnar una previa, y ello
inyecta certidumbre a todos los actores.
Esto no quiere decir que no se
hayan registrado problemas importantes a lo largo del proceso, los cuales se
explican por la frágil institucionalidad del PRD, que permite que reglas ya
establecidas se negocien, o se modifiquen a partir de presiones de sus
corrientes internas.
Por ello, la etapa más complicada
y controvertida del proceso fue la del registro de afiliados elegibles a cargos
directivos, ya que una vez entregada la lista para que el INE la publicara, el
PRD presentó alcances, amén de que los militantes insatisfechos interpusieron
quejas ante el Tribunal Electoral -recibió más de 1,600 impugnaciones-, que
obligaron al INE a acatar las resoluciones y reformular las listas.
Está claro que principios firmes
para dar certeza y flexibilidad para atender los imprevistos y dar garantías a
los diferentes militantes del PRD, fueron la guía del INE que paso airoso esta
primera prueba, que es una de las más de 70 nuevas responsabilidades que le han
sido encomendadas.
Ex comisionada Presidenta del
IFAI
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