Petróleos Mexicanos (Pemex) requiere una reforma administrativa para salir de la crisis en la que se encuentra, no una
privatización, dijo Pablo Gómez Álvarez, miembro del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y del Consejo Rector del Pacto por México.
“¿En qué cosiste modernizar a Pemex? En quitarle esas lacras
burocráticas, mafiosas, todos los malos diseños administrativos y la
corrupción. Hay muchos aviadores: la mafia sindical, representada por
Carlos Romero Deschamps, que todo el tiempo le está sacando dinero. Se
requiere una reforma administrativa, no productiva, esa es la que mejor
funciona”, dijo el político en entrevista para SinEmbargo.
La discusión
sobre la Reforma Energética “revivió” esta semana, con ánimos encendidos
tanto de la izquierda como de la derecha mexicana, después de que el
Presidente Enrique Peña Nieto declarara al diario Financial Times que se
realizarían las modificaciones constitucionales necesarias para atraer a
los inversionistas privados a la paraestatal. La posibilidad de
privatización se puso de nuevo sobre la mesa y Pemex resurgió como esa
“manzana de la discordia” entre sus detractores y los simpatizantes. Los
que recibieron con beneplácito las palabras de Peña Nieto afirmaron que
se trata de una iniciativa que permitirá “modernizar” a través de abrir
a la paraestatal a la inversión de las compañías petroleras privadas.
Pero quienes definitivamente se pusieron alerta y salieron a decir que
se cocina una reforma privatizadora, fueron las fuerzas de izquierda,
principalmente el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Pablo Gómez explicó que en efecto: Pemex sí requiere modernizarse y
urge una Reforma Energética, pero no en el sentido que Peña Nieto lo
planteó al Financial Times.
“Nosotros estamos en contra de la
privatización, lo que se requiere es una reforma energética que libere
fiscalmente a la paraestatal y que reorganice a su Consejo de
Administración, así como a sus líderes sindicales”, afirmó. El político
explicó que antes de plantear una privatización o una modificación
constitucional, se debe permitir a Pemex hacer uso de sus recursos, pues
actualmente paga más de 70% de sus ingresos como impuestos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). “Antes de plantear
privatizar, primero hay que limpiarlo, después seguir limpiando Pemex y
después concluir la limpia y el próximo siglo ya veremos. Tenemos que
darle su propio dinero y que haga las inversiones.
Pemex se endeuda para
que el gobierno se endeude menos, es un fraude”, dijo. Una Reforma
Energética de este tipo, detalló, debe de ir de la mano con el
rendimiento de cuentas de los sindicatos. “Estamos de acuerdo con que
defiendan sus derechos laborales y conquistas, pero no estamos de
acuerdo con que la burocracia sindical tenga sus propias conquistas”,
refirió. Gómez Álvarez agregó que el tema energético en el país, no sólo
se trata de Pemex, sino del impulso a las nuevas tecnologías y
alternativas energéticas. “La Estrategia Izquierda Democratica Nacional
de Energía que presentan cada año, está hueca, no sirve, es un
documento muerto que no dice nada. Qué vamos hacer con la energía
nuclear, con la eólica, solar, eso también hay que discutirse”, indicó.
El perredista recordó los avances que se lograron en la reforma
energética de 2008, donde él participó al lado de Andrés Manuel López
Obrador y un grupo de especialistas. “En esa ocasión, la nueva Ley de
Petróleos Mexicanos, excepto por dos puntos, tuvo una gran aceptación de
la izquierda. El capítulo de contratos es muy apegado a las necesidades
de México y de los hidrocarburos, lástima que la Ley se viole. El
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de Peña Nieto violan el capítulo
de contratos al momento de otorgar ‘contratos incentivados’ esos no
existen en la Ley”, dijo.
LA REFORMA ENERGÉTICA DE 2008
Pablo Gómez
recordó la controversia que se suscitó en 2008 con una Reforma
Energética, una muy similar a la que se está generando este año. De
acuerdo con el Financial Times, Peña Nieto entregará su propuesta al
Congreso de la Unión en septiembre. Una iniciativa que se presentará
para concluir lo que quedó pendiente en 2008, es decir ir por la
coinversión entre la paraestatal y la Iniciativa Privada (IP) para la
refinación de hidrocarburos, dijo en febrero Raymundo Tenorio Aguilar,
director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del
Tecnológico de Monterrey, al inicio de la polémica por la reforma
energética que está en puerta.
Hace cinco años se modificó la Ley de
Pemex para que la paraestatal pudiera otorgar contratos a empresas
privadas para exploración y detección de mantos petroleros a través de
licitación pública, así como para la distribución de gasolinas. Es
decir, para el investigador el que las refinerías que prometió el ex
Presidente Felipe Calderón Hinojosa estén inconclusas y sólo se avanzara
con la construcción de las bardas perimetrales, se debe principalmente a
que ya se “cocinaba” esta reforma que buscará que sean las empresas
privadas las que inviertan en refinación y no Pemex.
Publicaciones de la
Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Energía alertan sobre una
derecha que buscará ser más agresiva que en 2008 para acabar con la
“exclusividad del Estado en la industria petrolera para que avancen los
mercados y se desarrolle la competencia entre firmas públicas, privadas y
mixtas”, por lo que las “propuestas contendrán modificaciones a los
artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna”. Pemex, que produce 2.57
millones de barriles diarios de crudo, genera para el Estado mexicano
cerca del 40% de sus ingresos, y sus operaciones están directamente
ligadas a los resultados del presupuesto nacional. Nació el 7 de junio
de 1938, poco después de que el Gobierno encabezado por el Presidente
Lázaro Cárdenas decretara, el 18 de marzo de ese año, la expropiación de
los bienes de diecisiete compañías petroleras que operaban en el país.
Sus cuadros directivos, tanto del grupo como de sus subsidiarias, son
nombrados por el Presidente de turno, y la estrecha relación que
mantiene con las autoridades representa una de las cortapisas para que
pueda desarrollarse con criterios empresariales. Los vínculos que
mantiene con el Gobierno hacen que las operaciones de Pemex, y sus
resultados, estén estrechamente vinculados con las necesidades
financieras del Estado, porque el 70% de sus ingresos van a parar al
fisco. Ello ha generado un fuerte rezago en la empresa pública, que ha
perdido las oportunidades que tienen otras firmas petroleras del
continente, como la brasileña Petrobras, ya que sólo puede destinar el
9% de sus ingresos para invertir en la compañía.
Además, teniendo en
cuenta que tiene el monopolio de la extracción de crudo y de gas y de la
distribución de las gasolinas, por mandato constitucional, la empresa
continuamente es objeto de polémicas políticas por los inmensos recursos
que emplea. Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo
Nacional de Morena, dijo hace dos días que Pemex es poder económico y
político. Lanzó una pregunta al aire: “¿Quién queremos que tenga este
poder, las compañías privadas extranjeras o el Estado?”.
SINEMBARGO.MX
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