Jesús
Zambrano
El
abominable crimen contra normalistas y miembros de un equipo de fútbol en
Iguala, Guerrero, (7 asesinados y 43 desaparecidos muy probablemente ya
muertos) ha conmocionado al país entero. A todos nos enluta e indigna, y cubre
de oprobio a quienes ordenaron y ejecutaron estos hechos.
Al
mismo tiempo, con ello se evidencia, una vez más, la crisis de seguridad del
Estado mexicano. Iguala es la punta del iceberg de la penetración profunda que
el crimen organizado en todos los intersticios de la sociedad mexicana, en
regiones enteras de nuestro país, corrompiendo autoridades, comprando policías
y jueces.
En
el sexenio calderonista se declaró una ¨guerra¨ contra la delincuencia
organizada, pero resultó una estrategia fallida. Con el gobierno del PRI de
Peña Nieto las informaciones periodísticas al respecto pasaron a un segundo
plano. Por orden presidencial y por un acuerdo con los medios se anunció un
cambio de estrategia, ¿el resultado? El fenómeno persiste con signos de
agravamiento porque no ha habido ese cambio.
La
crisis en Michoacán con las llamadas autodefensas y que llevaron a la
destitución de Fausto Vallejo, quien llegó al gobierno apoyado por La Tuta, aún
se mantiene. Los muertos de Tlataya ejecutados por el Ejército y la violencia
en Valle de Bravo y la Tierra Caliente mexiquense, las fosas comunes y el
asesinato de un diputado federal en Jalisco, la renaciente violencia en
Tamaulipas, y ahora Iguala, son ilustrativos de lo amplio y profundo de la
enfermedad.
¿Qué
hacer? Lo primero es reconocer la existencia y dimensión del problema. Lo
segundo es asumir que este problema debemos abordarlo como un asunto de
responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto. Es, ciertamente,
responsabilidad principal del Presidente de la República, pero no sólo de él,
menos en un México plural, con gobiernos estatales y municipales de varios
partidos. Los gobiernos en todos los niveles y las clases políticas, junto con
el sector empresarial, incluidos los medios, y la sociedad organizada,
deberíamos asumir la necesidad de un gran acuerdo nacional por la seguridad,
que ponga sobre la mesa la situación real de la economía, del empleo, de los
salarios, de la penetración de los gobiernos locales por la delincuencia, de la
contaminación de los cuerpos policiacos, del lavado de dinero, y de las estrategias
para enfrentar el fenómeno, con el compromiso de que cada quien responderá por
sus responsabilidades y que se parta de investigar a fondo a todos los gobernantes:
caiga quien caiga.
Porque
la salida de esta crisis de seguridad nacional no se resuelve con la salida de
Ángel Aguirre o de Eruviel Ávila o de cualquier otro gobernador. Quienes
insisten en ello se equivocan y sólo evidencian mezquinos apetitos
político-electorales o mera relevancia mediática mercantilista.
Yo
suscribo lo que ha dicho Carlos Navarrete como nuevo presidente del PRD: si la
salida de Aguirre del gobierno de Guerrero contribuye a la solución, adelante.
Es más, pudiera ser un referéndum el que decida si Aguirre se va o se queda,
pero su posible salida no debe responder a los apetitos electorales de nadie
rumbo a 2015. Cualquiera que fuera el resultado, debe darse con los
responsables y castigarlos pronto.
No
esperemos más. No permitamos que el país se siga enlutando ni que continúen
pudriéndose las instituciones y con ello el país entero. México está maduro
para decisiones urgentes y de fondo.
Publicadas
por Nueva Izquierda a la/s 16:51
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